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Durante el sexenio de Díaz Ordaz, el Estado tuvo una mayor participación en la economía mexicana mediante la creación de más organismos paraestatales en los sectores agropecuario, pesquero, forestal, industrial, comunicaciones, transportes, bienestar social y comercio. Ello implicó un incremento en la inversión pública, del cual se destinó un 73% a las industrias petrolera, química, minera siderúrgica y gasera. En 1965, el proyecto obligó al gobierno a elaborar una serie de reformas fiscales destinadas a mejorar la recaudación, las cuales consistían principalmente en el aumento de la carga fiscla sobre los ingresos, pero como la medida no fue suficiente, el gobierno tuvo que recurrir a préstamos externos.

El gobierno también promovió la inversión privada en la industria nacional. En el sexenio surgieron las empresas maquiladoras, que se convertirían en el complemento del desarrollo fabril nacional, y también quedaron en evidencia los problemas del modelo estabilizador en materia industrial: el 48% de las industrias que obtenían la mayor producción bruta del país estaba controlado total o parcialmente por capitales extranjeros; el 1.5% de las 136000 empresas industriales controlaba el 77% de la inversión y el 0.3% de las industrias poseía el 46% del capital invertido. Aunque desde 1940 los gobiernos habían logrado industrializar al país, dicho proceso no fue equilibrado, pues permitió que la industria mexicana dependiera de los capitales extranjeros y fomentó la acumulación de grandes capitales en muy pocas empresas. En materia agraria, Díaz Ordaz reactivó el reparto de tierras a tal grado que superó a Cárdenas; aunque la medida tenía más tientes políticos que económicos.

En 1967, las finanzas públicas entraron en crisis, ya que la cuenta corriente registró un deficit como consecuencia del incremento de las importaciones y la disminución de las exportaciones. El aumento de las importaciones era resultado de la ampliación de las instalaciones industriales y de la intensificación de los programas de obra pública del gobierno; en cambio, la crisis mundial de 1968 hizo que decayera la venta de productos agropecuarios mexicanos. En 1970, esta situación provocó dos problemas que darían orígen a la crisis económica permanente en México: el incremento del deficit en las finanzas públicas así como los empréstitos (anticipos) externos contratados por el gobierno para disminuir dicho deficit.